Análisis y opinión | 21 de octubre de 2026
México necesita pensiones sostenibles, pero también reglas previsibles para quienes están cerca del retiro. Los cambios a la Modalidad 40 enfrentan esas dos necesidades: pueden contener compromisos futuros del sistema, pero reducen el margen de las familias para mejorar su ingreso durante la vejez.
Qué cambió y a quién afecta
El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS establece medidas temporales mientras se realiza un análisis financiero, con plazo de seis meses desde su emisión.
Para nuevas incorporaciones y al concluir el periodo contratado, el salario permitido será el último registrado al causar baja del régimen obligatorio o hasta ese importe más una UMA, con piso de un salario mínimo general. Los nuevos aseguramientos comenzarán desde la solicitud, cerrando la incorporación retroactiva.
Quienes ya están inscritos mantienen sus condiciones hasta terminar el periodo contratado. Se preservan las semanas y salarios efectivamente pagados. También se ordenan inscripciones digitales y un canal para casos especiales. La protección de los actuales inscritos no significa conservar indefinidamente las mismas condiciones.
El costo para los trabajadores
El principal impacto económico es limitar la capacidad de elevar la base salarial mediante aportaciones voluntarias. Quien esperaba compensar años de cotización baja con un esfuerzo mayor antes del retiro tendrá que revisar su estrategia.
Esto puede afectar especialmente a personas que perdieron un empleo, atravesaron periodos de informalidad o apenas lograron reunir recursos para mejorar su jubilación. Una restricción vinculada al último salario también puede trasladar al retiro las consecuencias de haber estado registrado con una remuneración insuficiente.
No sería correcto afirmar que todas las pensiones disminuirán ni asignarles un porcentaje general de reducción. El efecto depende de cada trayectoria. Lo que sí cambia es el margen para alcanzar una pensión superior a la que resultaría sin esa estrategia.
Existe una posible ventaja inmediata: cotizar con una base menor puede exigir menos dinero cada mes. Sin embargo, una aportación más accesible no necesariamente representa un mejor resultado para el trabajador. Debe compararse el ahorro presente con el ingreso futuro que se esperaba obtener.
La eliminación de incorporaciones retroactivas también reduce flexibilidad para hogares con ingresos variables. Una dificultad temporal de liquidez puede tener consecuencias duraderas si impide cubrir oportunamente periodos de aseguramiento.
Los aspectos positivos para la economía
Desde una perspectiva fiscal, limitar aumentos salariales concentrados al final de la vida laboral podría reducir obligaciones pensionarias futuras frente al escenario anterior.
Si las aportaciones adicionales financian solamente una parte pequeña del beneficio que generan, contener esa diferencia puede favorecer la equidad entre generaciones. También podría reducir la presión sobre recursos públicos que tienen otros destinos.
La digitalización ofrece otra oportunidad: mejorar la trazabilidad y disminuir errores o discrecionalidad. Su éxito dependerá de que exista asistencia para quienes tienen dificultades con los trámites electrónicos.
Estos son beneficios potenciales, no ahorros demostrados. El acuerdo no publica una cuantificación que permita establecer cuánto se ahorraría ni cómo se distribuiría ese beneficio.
Los efectos negativos también cuentan
Una pensión menor respecto de la proyectada puede significar menos consumo, mayor dependencia económica de los hijos o necesidad de trabajar durante más años.
Ese ajuste alcanza a las pequeñas empresas: restaurantes, comercios y prestadores de servicios dependen del gasto cotidiano de las familias. Proteger las finanzas públicas puede generar beneficios colectivos, pero reducir el ingreso esperado durante la vejez también tiene un costo económico.
El efecto inmediato sobre el consumo es incierto. Algunas personas podrían gastar el dinero que ya no destinen a aportaciones; otras aumentarían su ahorro por precaución. Por eso sería apresurado atribuir al cambio una consecuencia concreta sobre el crecimiento o la inflación.
La incertidumbre también pesa. Modificar una estrategia de retiro con tan poco tiempo de transición dificulta decisiones que se construyeron durante años.
Sostenibilidad con certeza jurídica
El artículo 218 de la Ley del Seguro Social contempla la inscripción con el último salario o uno superior. La relación entre ese derecho y el nuevo límite administrativo merece revisión jurídica; eso no equivale a afirmar que un tribunal ya invalidó el acuerdo.
Mi postura es que revisar el costo de la Modalidad 40 puede ser razonable. Sin embargo, imponer restricciones antes de publicar el diagnóstico financiero debilita la justificación económica de la medida.
El IMSS debería transparentar sus cálculos, explicar quién recibe los beneficios y demostrar por qué esta restricción resulta preferible a otras alternativas.
Una buena política pensionaria debe equilibrar solvencia, ingreso suficiente y confianza. Ahorrar recursos públicos es valioso; trasladar el costo a las familias sin una transición clara también tiene consecuencias económicas.
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